Para el ejercicio fiscal 2019, el Poder Judicial ya había acordado con la Cámara de Diputados un recorte de 3 mil 870 millones de pesos. Desde el inicio del Gobierno actual, los magistrados de la SCJN mantienen una pugna por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos
Ciudad de México, 27 de febrero (Economía Hoy/SinEmbargo).- Por acuerdo del Comité Coordinador del Poder Judicial de la Federación, se determinó que la Suprema Corte de Justicia (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrán una disminución en su presupuesto de mil 76 millones de pesos, adicional al proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, el primero aplicado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cabe recordar que para el ejercicio fiscal 2019, el Poder Judicial ya había acordado con la Cámara de Diputados un recorte de 3 mil 870 millones de pesos.
El Comité Coordinador llegó a tal determinación para homologar criterios en materia administrativa, y ya fue dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
En el DOF se establece que todos los órganos del Poder Judicial «adoptarán las mejores prácticas en materia de racionalidad y austeridad».
Desde el inicio del Gobierno actual, los magistrados de la SCJN mantienen una pugna por la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada el 5 de noviembre en el DOF, que establece que “ningún servidor público debe recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.
Lo que significa que nadie podrá ganar más de 108 mil pesos mensuales, que es el sueldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La Ley generó que más de 2 mil empleados del Poder Judicial de la Federación se ampararan para evitar reducciones salariales.
El 13 de febrero, la Segunda Sala de la Corte consideró infundado el recurso promovido por el Presidente para dejar sin efecto controversias constitucionales en contra de la Ley de Remuneraciones.
El 7 de diciembre, el Ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad en contra la Ley y prohibió que se utilice para fijar los salarios que los funcionarios tendrán en 2019.
La acción de inconstitucionalidad fue promovida por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, además del Senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
